Dos de cada tres solicitudes de cese de actividad de autónomos siguen siendo denegadas
📅 01/07/2026 · 22:21
La prestación por cese de actividad, conocida popularmente como el paro del autónomo, sigue siendo una de las coberturas más difíciles de obtener dentro del sistema de protección social español. Según los datos de la Seguridad Social, aproximadamente el 65 por ciento de las solicitudes presentadas son denegadas, una cifra que se mantiene estable en los últimos ejercicios pese a las sucesivas reformas del sistema.
Por qué se deniegan la mayoría de solicitudes
El motivo de cese más habitual, el de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, concentra en torno al 78 por ciento de las solicitudes que llegan a las gestorías, y es también el que exige una documentación más exigente: certificados tributarios que acrediten pérdidas superiores al diez por ciento de los ingresos del ejercicio, resoluciones judiciales o administrativas de ejecución de deudas, o el auto de declaración de concurso. La falta de alguno de estos documentos, o su presentación fuera de plazo, es la razón más frecuente de denegación.
Cuantía y duración de la prestación
| Meses cotizados por cese (últimos 48 meses) | Duración de la prestación |
|---|---|
| 12 a 17 meses | 4 meses |
| 18 a 23 meses | 6 meses |
| 24 a 29 meses | 8 meses |
| 36 a 42 meses | 12 meses |
| 48 meses o más | 24 meses |
La cuantía de la prestación equivale al 70 por ciento de la base reguladora durante los primeros ciento ochenta días, y al 50 por ciento a partir de entonces, con topes máximos y mínimos que se calculan sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), congelado en 600 euros mensuales desde 2022.
El contexto de las movilizaciones del colectivo
La dificultad de acceso a esta prestación ha sido uno de los argumentos recurrentes en las movilizaciones de asociaciones de autónomos durante los últimos meses, que reclaman una protección social más equiparable a la de los trabajadores por cuenta ajena, además de una reducción de la carga fiscal y burocrática que, según denuncian, afecta especialmente al pequeño comercio y a los profesionales que operan en solitario.