El Gobierno ya ha fijado en el BOE las normas para elaborar los Presupuestos de 2027, aunque los de 2026 siguen sin aprobarse

Una paradoja que se repite: preparar 2027 sin haber cerrado 2026

El BOE del 5 de junio de 2026 publicó la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Se trata del primer paso formal e imprescindible del calendario presupuestario anual: la orden que marca a todos los ministerios y organismos públicos los criterios técnicos, los plazos y los formatos que deben seguir para elaborar sus propuestas de gasto e ingreso de cara al ejercicio siguiente. Lo llamativo es que esta orden se publica en un contexto en el que España continúa, a día de hoy, sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado propios para 2026, que siguen rigiéndose por la prórroga de las cuentas de ejercicios anteriores.

Qué significa vivir con unos presupuestos prorrogados

Cuando no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos antes de que termine el ejercicio anterior, la Constitución permite prorrogar automáticamente los Presupuestos vigentes hasta la aprobación de los nuevos. En la práctica, esto significa que buena parte de las partidas de gasto público, las dotaciones a políticas concretas y determinados parámetros técnicos siguen fijados según el último presupuesto aprobado, sin la actualización que normalmente traería una ley presupuestaria nueva cada año, aunque el Gobierno puede seguir aprobando medidas concretas mediante reales decretos-ley específicos, como de hecho ha venido haciendo a lo largo de 2026 en materias como pensiones o cotizaciones sociales.

Por qué el calendario técnico no espera a la negociación política

La Ley General Presupuestaria obliga al Gobierno a iniciar los trabajos preparatorios de los presupuestos del año siguiente dentro de unos plazos fijados legalmente, con independencia de si existe o no un acuerdo político para aprobar los del ejercicio en curso. Por eso, la Orden HAC/557/2026 sigue su curso normal, estableciendo los límites de gasto, los criterios de elaboración y el calendario interno que cada ministerio debe respetar para remitir sus propuestas al Ministerio de Hacienda, en paralelo y de forma totalmente independiente a cualquier negociación política sobre los Presupuestos de 2026 que pudiera producirse.

Qué implica esto para ciudadanos, autónomos y empresas

Para el ciudadano de a pie, vivir con presupuestos prorrogados no implica necesariamente que todo quede congelado: medidas como la revalorización de pensiones, el salario mínimo interprofesional o las bases de cotización a la Seguridad Social se han seguido actualizando en 2026 a través de reales decretos-ley específicos, al margen de la Ley de Presupuestos. Lo que sí queda más limitado es la puesta en marcha de nuevas políticas de gasto que normalmente requerirían una partida presupuestaria específica y actualizada. La recomendación para quien siga de cerca la actualidad económica es no confundir ambos procesos: la publicación de las normas para 2027 no implica ningún avance en la negociación de los Presupuestos de 2026, que son procesos legislativos completamente independientes entre sí.