El Congreso tumba la ley de los 'lobbies' apenas un mes después de su entrada en vigor: el registro de grupos de interés deja de existir

Una votación que decidió el futuro de la norma en un solo trámite

El Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés —del que esta misma sección informó al publicarse en el BOE, y que había entrado en vigor el 27 de agosto— ya no está en vigor. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 16 de septiembre de 2026, rechazó su convalidación con 179 votos en contra, frente a 155 votos a favor y 12 abstenciones. El BOE del 18 de septiembre publicó el acuerdo de derogación, poniendo fin a la norma tan solo 22 días después de su entrada en vigor.

Por qué se rechazó: un debate más procedimental que de fondo

El rechazo no vino motivado, en la mayoría de los casos, por una oposición al fondo de la transparencia sobre los grupos de interés, sino por el procedimiento elegido por el Gobierno: los votos en contra, de PP, Vox, Junts y UPN, criticaron que el Ejecutivo hubiera recurrido a un real decreto-ley de aprobación urgente para regular esta materia, cuando ya existía un proyecto de ley ordinaria sobre lobbies en tramitación parlamentaria desde enero de 2025, con enmiendas ya incorporadas por varios grupos y en fase avanzada. Al utilizar la vía del decreto-ley, el Congreso solo podía votar el texto en bloque —aprobarlo o rechazarlo entero—, sin posibilidad de introducir mejoras técnicas mediante enmiendas. También pesó la oposición de sindicatos como CCOO y UGT, que reclamaban una exclusión expresa de los sindicatos como grupos de interés cuando ejercen su papel en el diálogo social, exclusión que sí figuraba en el proyecto de ley original pero que no se incorporó al decreto.

Qué desaparece exactamente con esta derogación

La derogación elimina el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado, que había sido configurado como público, gratuito, obligatorio y telemático, adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Con la norma en vigor apenas dos semanas, el registro ya había recibido más de 300 solicitudes de inscripción y más de 3.000 consultas, según los datos aportados por el propio Gobierno durante el debate de convalidación. Tras la derogación, empresas, asociaciones, ONG y demás organizaciones que se habían inscrito, o que estaban en proceso de hacerlo, dejan de estar sujetas a las obligaciones de inscripción, información y conducta que introducía la norma, y la actividad de influencia ante la Administración General del Estado vuelve a quedar sin un marco de control estatal específico.

Qué puede pasar a partir de ahora

Ante el rechazo, el Gobierno ha planteado dos caminos posibles: retomar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley original, que sigue formalmente en el Congreso desde 2025, o aprobar un nuevo real decreto-ley que corrija los aspectos más criticados, entre ellos la exclusión expresa de los sindicatos. El ministro competente llegó a ofrecer durante el debate la aprobación de una nueva norma antes de octubre para aclarar ese punto concreto, aunque esa oferta no fue suficiente para evitar el rechazo de la Cámara. Mientras no se apruebe una nueva regulación, España carece de un registro estatal obligatorio de lobbies, a diferencia de otros países del entorno europeo que sí cuentan con marcos similares ya consolidados.